El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado.
Eduardo Juan Couture – Abogado y profesor uruguayo (1904-1956)
La reclamacion de los gastos del prestamo al banco: estado actual de la cuestion
Ya hemos tratado con anterioridad en nuestro blog esta cuestión, en nuestro artículo Cómo reclamar los gastos del préstamo hipotecario, si bien, debido al tiempo transcurrido y los diversos vaivenes de los Tribunales al respecto, es importe clarificar cuál es el estado de esta cuestión al día de la fecha.
¿Se sigue considerando abusiva la cláusula de que todos los gastos del préstamo los pague quien compra la vivienda?
Efectivamente, este criterio no ha cambiado, es más, ha habido muchas más sentencias del Tribunal Supremo considerando nula y abusiva dicha cláusula que tienen prácticamente la totalidad de las escrituras de préstamo hipotecario.
¿Qué gastos en la actualidad pueden ser reclamados al banco?
Tras diversas sentencias del Tribunal Supremo, se pueden reclamar en la actualidad los siguientes gastos del préstamo hipotecario:
- Gastos de Notaría: al 50%
- Gastos de Registro Propiedad: al 100%
- Gastos de gestoría que tramita el préstamo: al 50%
¿Qué ocurre con el Impuesto de Actos Jurídicos Documentado (IAJD)?
Pues que cambió el criterio del Tribunal Supremo y estableció no sin polémica, que los gastos de este impuesto los tendría que asumir no el banco, sino el solicitante del préstamo.
Sobre esta cuestión hay elevada una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europa debiéndose de pronunciar expresamente sobre si este criterio es o no el válido.
¿Pueden tanto empresas como particulares reclamar la devolución de estos gastos?
No, porque la normativa infringida de consumidores y usuarios, entiende por éstos sólo a los particulares personas físicas, no a las personas jurídicas o empresas que hayan formalizado un préstamo.
¿Hay algún plazo para la reclamación de estos gastos?
La acción para declarar la nulidad de la cláusula de gastos que es abusiva no tiene plazo, pero sí la acción solicitando la devolución de los gastos indebidamente cobrados, que tiene un plazo de 15 años, salvo en aquellas hipotecas firmadas después de la modificación de la prescripción operada por Ley 42/2015, que entró en vigor el 7/10/2015.
De esto modo, aquellos préstamos firmados a partir del 7/10/2015 tienen un plazo para reclamar la devolución de los gastos hipotecarios de 5 años, venciendo el citado plazo el próximo 7/10/2020.
En FORISLEX nuestros abogados especialistas en préstamos hipotecarios en Madrid estamos a su disposición para asesorarle legalmente, bien en nuestro teléfono 914510147 o bien vía email informacion@forislex.com
Hans Kelsen define el Derecho
El derecho es una ordenación normativa del comportamiento humano, lo que significa: un sistema de normas que regulan el comportamiento humano.
Hans Kelsen . Jurista francés especializado en Derecho público (1881 – 1973)
Nuestro abogado experto en derecho laboral David Reyes habla para Europa Press sobre despidos en la crisis del coronavirus
David Reyes, socio fundador de Forislex y abogado laboralista, ha sido entrevistado por Europa Press como experto en Derecho Laboral, para arrojar luz sobre la reciente noticia que recorre los titulares de prensa acerca de la decisión del Gobierno que mediante Decreto-ley prohíbiría de forma temporal los despidos provocados por el coronavirus.
Como bien ha escrito nuestro compañero para EuropaPress, no se trata de una prohibición sino de una penalización de los despidos por causas objetivas, os dejamos aquí el artículo completo:
El Gobierno penaliza los despidos por causas objetivas pero no los prohíbe, según expertos laboralistas
MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) –
El Gobierno no ha prohibido los despidos por causas objetivas como tal sino que ha encarecido su coste para las empresas al establecer que la fuerza mayor y las causas económicas, organizativas, técnicas y de producción no podrán justificar la extinción del contrato de trabajo ni del despido durante la vigencia del estado de alarma, según expertos laboralistas.
En la práctica esto supone que cualquier despido que se realice por estas causas desde este sábado y mientras dure el estado de alarma se considerará improcedente y, por tanto, tendrá asociada una indemnización de 33 días por año trabajado, en contraste con los 20 días por año de los despidos procedentes.
De este modo, señala David Reyes, del despacho Forislex Abogados, lo que se hace en realidad es «penalizar» a las empresas que se acojan a estas causas para despedir durante la crisis sanitaria, pues ante un tribunal un despido de esta naturaleza tendrá la consideración de improcedente y, por tanto, será más caro para el empresario.
Así, durante la vigencia del estado de alarma, si una empresa quiere despedir a un trabajador por fuerza mayor o causas económicas, organizativas, técnicas y de producción derivadas del coronavirus podrá hacerlo, pero el despido recibiría de los jueces la calificación de improcedente en virtud del artículo 2 del Real Decreto-ley de medidas complementarias en el ámbito laboral publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Reyes ha explicado que para que los despidos por estas causas asociados al Covid-19 se hubieran entendido como una prohibición, el Gobierno tendría que haber establecido que se considerarían nulos. En lugar de ello, el Ejecutivo ha indicado en la norma que los despidos por causas objetivas no estarán justificados y, por tanto, serán improcedentes. Este experto ha resaltado que las empresas sí podrán seguir haciendo despidos disciplinarios.
Asimismo, Reyes ha resaltado la importancia del artículo 5 del decreto por el que se interrumpe el cómputo de la duración máxima de los contratos temporales. En la práctica, ha explicado, ello supone que si un contrato temporal vence durante el estado de alarma se considerará prorrogado, pues el empresario no podrá rescindirlo.
Otros medios también se han hecho eco de la noticia
Si usted se encuentra una situación similar, no dude en contactar con nuestros abogados laboralistas en Madrid, en nuestro teléfono 914510147 o bien mediante email informacion@forislex.com.
Nicolas León Duguit reflexiona sobre el Derecho
La regla del Derecho es una línea de conducta que se impone a los individuos que viven en una sociedad, regla cuyo respeto es considerado en un momento dado, por un grupo social, como la garantía del interés común y cuya violación trae la reacción colectiva contra el autor de la violación.
Nicolas León Duguit . Jurista francés especializado en Derecho público (1859 – 1928)
PREGUNTAS Y RESPUESAS SOBRE ERTE POR FUERZA MAYOR A CONSECUENCIA DEL CORONAVIRUS
En este artículo desgranamos las claves sobre ERTE por fuerza mayor a consecuencia del Coronavirus, ya que son numerosas las consultas y asistencia legal que estamos prestando a nuestros clientes estos últimos días a consecuencia del cierre o cese temporal o paralización de la actividad de los negocios afectados a consecuencia del coronavirus, en actividades tales como agencias de viajes, transportes, hoteles, bares, restaurantes, etc.
El problema que nos trasmiten es la bajada abrupta y repentina de negocio y facturación a consecuencia de la crisis del coronavirus, donde la gente ha dejado de viajar, de acudir a los establecimientos de hostelería, de acudir a lugares de ocio, etc., etc., siguiendo las recomendaciones del Gobierno de aislarse en sus respectivos domicilios para evitar más exposición y posible contagio.
Pues bien ha de saber que con independencia de las medidas del Gobierno que se aprobarán en breve, con la legislación actual vd. como empresario tiene derecho a solicitar de la Autoridad Laboral un ERTE (Expediente Regulación de Empleo Temporal) con las siguientes características:
¿Puede la empresa solicitar un ERTE por fuerza mayor a consecuencia del coronavirus?
Por supuesto, ya que la causa es ajena a la propia actividad de la empresa, no ha sido generada por la misma, y es imprevisible e inevitable.
¿Se puede solicitar la reducción de la jornada de los trabajadores o bien la suspensión temporal de sus contratos?
Así es, ambas medidas son las que puede solicitar la empresa en aras a no cerrar definitivamente su negocio y procurar al menos temporalmente paliar los daños que la crisis del coronavirus le está causando a su negocio.
¿Qué número de trabajadores es necesario para solicitar ese ERTE?
Es indiferente el número de trabajadores, puede ser sólo uno o cientos.
¿El trabajador con contrato suspendido o reducido puede cobrar la prestación por desempleo?
Efectivamente, en la parte proporcional en que fue reducida su jornada si es el caso, o bien si el contrato fue suspendido cobrará la totalidad de la prestación por desempleo que le corresponda.
¿Quién asume la cotización del trabajador en estas situaciones?
En principio la cuota patronal será asumida por el empresario, salvo que el Gobierno decrete emergencia de protección civil en los términos de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, en cuyo caso se podría exonerar a la empresa del pago de las cotizaciones.
¿La prestación por desempleo de los trabajadores en periodo de suspensión se consume en perjuicio del trabajador?
Esa es la regla general, sin embargo, si el Gobierno acordase la emergencia de protección civil, la ley prevé en estos casos que dichas prestaciones de desempleo no las pierda el trabajador, de tal forma que si un trabajador no ha cotizado lo suficiente para acceder a la prestación por desempleo, no sea tomada en cuenta su falta de cotización para generar ese derecho.
¿Qué documentación hay que presentar ante la Autoridad Laboral para solicitar ERTE?
- El impreso de solicitud con detalle de los datos de la empresa, y de los trabajadores afectados.
- La documentación que acredite y justifique la situación de paralización de la actividad empresarial o descenso brusco de la misma.
- Simultánea comunicación a los trabajadores y en su caso representantes legales de la iniciación el ERTE.
- Adicionalmente se recomienda incluir una Memoria explicativa de la actividad de la empresa y de los motivos que justifican la presentación del ERTE.
¿No hay trámite obligatorio de periodo de consultas con los trabajadores o sus representantes legales?
No, en estos casos no es necesario al tratarse de causas de fuerza mayor graves e imprevisibles.
Efectos de la aprobación o no de la medida por la Autoridad Laboral.
La Autoridad Laboral deberá ratificar que la causa alegada es cierta, aprobando definitivamente las medidas solicitadas, en su defecto, la resolución dictada puede ser recurrida por la empresa e impugnarla ante los Juzgados de lo Social.
El mismo derecho de impugnación les ampara a los trabajadores si las medidas son aprobadas, y los mismos no están de acuerdo.
Insistimos que esta es la legislación actual sobre la materia, y que el Gobierno en breve acordará medidas complementarias para aliviar este tipo de situaciones, no obstante, mientras tanto que sepa que con la legislación actual puede acudir a este tipo de reestructuraciones de la plantilla de la empresa en aras a evitar el cierre definitivo de su negocios, donde lo positivo es que no hay periodo de consultas con los trabajadores que puede eternizar y agravar aún mal la maltrecha economía de la empresa.
Si está en una situación laboral problemática a a causa de la pandemia del coronavirus, y necesita asesoramiento legal, por favor no dude en consultar con nuestros abogados especialistas en derecho laboral y societario en Madrid. Puede solicitar cita previa gratuita con nuestros abogados laboralistas o bien llamar por teléfono al 914510147 o bien vía email informacion@forislex.com
EXTINCION DE LA PENSION DE ALIMENTOS CON CARÁCTER RETROACTIVO
De antemano hemos de aclarar que cualquier modificación de medidas relativo a la extinción de la pensión de alimentos en los procedimientos de separación o divorcio como en el caso del Cese de la pensión de alimentos en los hijos mayores de edad, tienen efectos desde que se dicte sentencia modificando las mismas, esto es, no tienen efecto retroactivo.
Así lo tiene establecido el Tribunal Supremo en sentencias como la de fecha 20/07/17, que establece:
“….es doctrina reiterada de esta Sala que cada resolución desplegará su eficacia desde la fecha en que se dicte y será solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha de la interposición de la demanda, porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación, y las restantes resoluciones serán eficaces desde que se dicten, momento en que se sustituyen a las citadas anteriormente”
En definitiva, según el Tribunal Supremo una extinción de la pensión de alimentos sólo tendrá efectos desde la sentencia que determine su supresión y no antes.
En términos de justicia material, no parece muy justo que si un hijo lleva trabajando un año o dos se lo oculte al progenitor que le paga los alimentos, con la condescendencia del cónyuge que vive con ese hijo y percibe la pensión. Esta es la situación que venimos hoy a comentar.
Si el hijo está ya trabajando e incorporado plenamente al mercado laboral no procede que siga percibiendo una pensión de alimentos adicional a sus ingresos laborales, y esto se silencie al progenitor que paga los alimentos, que seguirá pagando hasta que se entere y reclame la supresión de los alimentos en sede judicial.
Esta situación supone un claro abuso de derecho prohibido por el artículo 7 de nuestro Código Civil que dice:
-
«Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.»
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«La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo.»
Siguiendo este criterio la Audiencia Provincial de Barcelona nº 905/2018, de fecha 4/10/18 (recurso nº 1224/2017), vino a extinguir la pensión de alimentos desde el momento de interposición de la demanda, esto es, con efectos retroactivos, amparándose en los siguientes hechos:
- Hija de 24 años trabajando desde hace dos años y percibiendo 900 € mensuales.
- La madre siguió cobrando la pensión de alimentos silenciando al padre que la hija común se había ya incorporado al mercado laboral y que ya no procedía el pago de la pensión.
En esta situación la citada sentencia acordó la extinción de la pensión de alimentos desde la fecha de la presentación de la demanda por el padre, razonándolo de la siguiente manera:
“En esta situación no fijar los efectos extintivos de la obligación a la fecha de la demanda, cuando ya no existe causa alguna para mantenerla, determinaría dejar a la acreedora de la pensión, es decir, a la madre, en situación de ejecutar un título que contiene una obligación formal cuando ya se ha extinguido el derecho que dicha obligación otorga y ello en perjuicio del padre, que es el deudor formal y con ello, dada la intangibilidad de las sentencias firmes ( STC de 23 de abril de 2018 ), se estaría legitimando un verdadero abuso de derecho lo que está vedado por el 7.2 del Código Civil”
Esta sentencia supone una primera y valiente resolución en contra del criterio de no retroactividad en este tipo de supuestos, siendo como hemos afirmado lo justo en derecho que la extinción se suprima cuando no concurra la situación de necesidad de los menores si éstos han alcanzado ya su incorporación al mercado laboral, con independencia de que esta fecha se haya producido hace tiempo, puesto que en caso caontrario seguiríamos perpetuando situaciones de abuso de derecho como la que hemos visto.
Si tiene un problema relacionado con la pensión de alimentos en un proceso de separación o divorcio, por favor no dude en consultar con nuestros abogados especialistas en divorcios en Madrid Norte. También puede solicitar primera consulta gratuita con nuestros abogados en Madrid Norte.
José Hernandez sobre la ley
Es la ley como la lluvia, nunca puede ser pareja. El que la aguanta se queja, Pero el asunto es sencillo: la ley es como el cuchillo, no ofende a quien lo maneja.
José Hernández . Militar, periodista, poeta y político argentino (1834 – 1886)
EL PAGO DE LOS GASTOS ORDINARIOS DE LA VIVIENDA EN UN DIVORCIO
Tras un procedimiento de divorcio o de separación matrimonial, con carácter general uno de los dos cónyuges continúa con el uso y disfrute de la vivienda conyugal, ahora bien, ya hemos visto anteriormente qué ocurre con el pago de la hipoteca en el artículo Quien debe pagar la hipoteca tras el divorcio matrimonial, nos planteamos ahora sobre el pago de los gastos ordinarios de la vivienda en un Divorcio
¿Cuáles son los gastos de la comunidad de propietarios de una vivienda?
Son aquellos gastos mensuales que han de pagarse obligatoriamente a la comunidad en función de los metros cuadrados de la vivienda (cuota de participación), para el sostenimiento y mantenimiento de los servicios de limpieza, jardinería, garaje, piscina, etc., de la comunidad de propietarios, etc.
¿Quién tiene que pagar los gastos de comunidad de la vivienda tras un Divorcio?
La regla general es que sea el cónyuge que hace uso y disfrute de esa vivienda, al igual que los gastos de suministros de luz, agua, teléfono, etc., que obligatoriamente ha de asumir íntegramente.
Si bien hasta recientes fechas las Audiencias Provinciales venían estableciendo mayoritariamente que es el cónyuge que utiliza la vivienda quien ha de asumir el coste de la comunidad de propietarios, nuestro Tribunal Supremo de fecha 27 de Junio 2018, establece el siguiente criterio:
“Salvo previsión expresa en contrario en la sentencia que fija las medidas definitivas, los gastos de comunidad correspondientes a la vivienda familiar han de ser a cargo de la sociedad de gananciales cuando sea titular de la misma con independencia de a quien se haya atribuido el uso tras la ruptura matrimonial”
Considera el Tribunal Supremo que el pago de esas cuotas contribuye al mantenimiento y conservación de la vivienda y sus zonas comunes, motivo por el cual son ambos propietarios los obligados a su pago, salvo que el Juez de Familia no hubiera establecido algo contrario al respecto.
¿En caso de impago la Comunidad de Propietarios a quién puede reclamar?
Si es una vivienda en gananciales, de ambos cónyuges separados o divorciados, la comunidad podrá reclamar indistintamente a cualquiera de los dos el 100% de la deuda, o bien el 50% a cada uno.
¿Si uno de los propietarios asume la totalidad de la deuda puede reclamarle al otro?
Efectivamente, al tratarse de un bien ganancial, cuando se produzca la liquidación de la sociedad de gananciales, podrá reclamar el 50% de ese coste al otro ex cónyuge.
¿El IBI también ha de ser asumido por ambos copropietarios?
Así es, al gravar la titularidad de la vivienda.
¿Qué ocurre con los gastos de derrama extraordinaria aprobados en Junta de la Comunidad?
Pues que deberán ser asumidos al 50% por ambos propietarios, y al igual que antes, si uno de ellos asumiera el 100%, siempre podrá reclamar al otro el 50% restante.
En Forislex somos abogados especialistas en divorcios y separaciones, contacte con nosotros y le resolveremos cualquier cuestión relativa a este asunto, no dude en solicitar primera consulta gratuita con nuestros abogados en Madrid
Rudolf von Ihering sobre el Derecho
En el Derecho posee y defiende el ser humano su condición moral de existencia, sin el Derecho desciende al nivel del animal. El pueblo que no lucha por su Derecho, no merece tenerlo.
Rudolf von Ihering . Jurista alemán y filósofo del derecho(1818 – 1892)