Cada vez abundan más los casos de personas mayores, que por enfermedades o por la pérdida de capacidades debido a su avanzada edad, pierden las facultades de administración con los problemas que ello conlleva. El otorgar un poder notarial para administrar el patrimonio a hijos o familiares antes de que la persona pierda sus facultades, es una solución económica y sencilla que nos evitará tener que acudir posteriormente a procedimientos judiciales con premura.
Una vez que la persona mayor no tiene esa capacidad, queda impedida para la gestión de su patrimonio. La consecuencia es que en muchas ocasiones sus hijos o parientes que los acompañan en su día a día, deben de iniciar un procedimiento de incapacitación judicial, con los costes y tiempo que ello conlleva.
El poder puede ser otorgado a una única persona o varias, quienes pueden actuar de manera individual o conjunta. Según decida el otorgante del poder. Es aconsejable que en caso de pluralidad de hijos el poder sea otorgado con la oligatoriedad de que para determinados actos sea necesaria la firma de al menos dos de ellos. Evitando así, riesgos, desconfianzas y problemas entre familiares.
La ley 41/2003 modificó el artículo 1732 del Código Civil permitiendo que pese a una incapacidad sobrevenida si así lo dispusiese el poder, este siguiese vigente.
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